Iguales ante la norma

“El Derecho es la razón universal, la suprema razón

fundada en la naturaleza misma de las cosas”

(J. E. M. Portalis, Discurso preliminar

al Código Civil francés de 1804)

Como cada segundo jueves del mes a las seis en punto de la tarde, los veinte miembros del Consejo de Decisión de las Cosas estaban convocados a sesión ordinaria en el lugar previsto por el sistema rotatorio de sedes establecido en los Estatutos y desarrollado en el Reglamento Orgánico de la institución. El otoño había venido lluvioso y ninguno de los presentes se extrañó de que la tormenta hubiera impedido reunir a esa hora el quórum necesario para que las actas quedaran plasmadas en un dictamen vinculante. El número de asistentes, cuatro, no era siquiera el requerido para redactar una mera recomendación directiva, siempre de acuerdo con el Reglamento. Había, pues, que esperar el tiempo estipulado para dar por cumplido el plazo de la segunda convocatoria e iniciar la sesión, intervalo cuya duración, según el tenor literal del final del inciso 487 del artículo 149.895 del Reglamento, que fue leído a viva voz por el miembro de mayor edad presente en la sala, tal y como prescribía el Reglamento, debía ser calculada

“(…) de forma prudencial y razonable, más allá de que el criterio que resulte finalmente dirimente para entender llegado el término de la meritada convocatoria de gracia no debe colisionar con las reglas elementales de la lógica ni con indicio racional alguno que funde la convicción de al menos un tercio de los miembros presentes en el instante preciso de la adopción de la decisión de que la demora ha podido deberse a alguna circunstancia impeditiva ajena a la voluntad de los convocados cuya pronta y satisfactoria remoción se esté en condiciones de conjeturar”.

Tras la lectura del inciso, uno de los asistentes se quejó leve aunque amargamente de la meteorología. Los cuatro miembros presentes del Consejo decidieron esperar hasta las siete y media de la tarde. El azar había querido reunir aquella tarde en torno a la mesa de roble de la sala a cuatro miembros de pleno derecho del Consejo cuyas relaciones personales no eran malas, pero tampoco buenas. Se llamó a un ujier recién contratado –el último se había despedido porque, según dijo, no podía soportar el sistema rotatorio– para que hiciera café. Quedaba hora y media para leer el orden del día o para suspender la sesión. Uno encendió un cigarrillo y todavía otro liberó su cuello de la presión de la pajarita, pero ninguno de los cuatro se animó a  distender el ambiente iniciando una conversación. Transcurridos diez minutos, la voz gutural de uno de los miembros del Consejo rasgó el espeso silencio de la estancia. A su juicio, informó a los demás, la interpretación de la norma que todos acababan de dar por buena no era plenamente satisfactoria. “Tal vez una lectura más atenta del inciso”, dijo. Fue suficiente aquella sugerencia para que los demás comenzaran a manipular las miles de páginas de papel biblia del Reglamento. Después de cinco rondas de intervenciones, el alcance de la cuestión había sido difusamente establecido. Había otras doce posibles interpretaciones de la disposición reglamentaria, además de un número indeterminado, “pero, en mi opinión, nada desdeñable”, aseveró uno, de posibles antinomias con otros preceptos del Reglamento, contradicciones normativas sólo resolubles, convinieron todos, mediante la aplicación del criterio de especialidad. Decidieron dividirse en dos grupos de trabajo. El primero examinaría una por una las doce interpretaciones alternativas del inciso del Reglamento. El segundo grupo se encargaría de delimitar con precisión los artículos del Reglamento que pudieran efectivamente colisionar con la norma que inicialmente se había considerado aplicable. Ambos grupos intercambiarían las tareas tres veces con el fin de revisar los resultados provisionales e intercambiar impresiones, asimismo provisionales, sobre sus hallazgos parciales. Hechos los tres intercambios y las revisiones recíprocas de los resultados provisionales, trabajarían conjuntamente para decidir la solución del problema. Obviamente –todos asintieron a la observación del que había leído el inciso–, primero era necesario llegar a un acuerdo sobre el significado del texto, objetivo cuya consecución precisaba del registro tanto de las interpretaciones realizadas por ambos grupos como de las acotaciones a las interpretaciones que los dos grupos hubieran ido haciendo en los tres intercambios de tareas e impresiones provisionales. Sólo tras la determinación del significado de la disposición discutida sería posible entrar a debatir con fundamento las posibles contradicciones normativas, el número preciso de las cuales tendría que ser delimitado revisando, a la luz de la interpretación definitiva de la norma, todas las eventuales antinomias propuestas por los dos grupos, una vez depuradas las discusiones que sobre la cuestión a resolver hubieran ido surgiendo a lo largo de los intercambios provisionales de impresiones. Decidieron no ponerse plazo para resolver la cuestión y acordaron, contraviniendo, por cierto, el Reglamento del Consejo, que la solución definitiva debía ser decidida por unanimidad. Empezaron a trabajar, la lluvia arreciaba afuera. El ujier había terminado su jornada y entró en la sala para despedirse. Preguntó si los miembros del Consejo de Decisión de las Cosas deseaban algo, pero no recibió respuesta. Tan sólo uno de los presentes murmuró una frase ininteligible con una deliberada expresión de desdén en su rostro. En el trance del levantamiento de los cadáveres, el ujier manifestó al juez de guardia que durante los veinte días siguientes al del inicio de la sesión ordinaria del Consejo había acudido disciplinadamente a su puesto de trabajo “(…), si bien declara que a partir del séptimo día empezó a cumplir el horario de su jornada de una manera laxa, atendida, según sus propias palabras, la sensación de inutilidad que le provocaba el hecho de que los asistentes a la sesión no demandaran ni una sola vez sus servicios”.