Se compartan o no
sus diagnósticos crepusculares y a la vez celebratorios sobre el devenir de las
sociedades occidentales, hay que reconocer que Gilles Lipovetsky fue un auténtico
visionario al elegir los títulos de dos de los ensayos que publicó en la década
de los ochenta: La era del vacío y El imperio de lo efímero. Tengo la
impresión que el vacuo y fugaz fenómeno Beatriz Talegón encaja como un guante
en la semántica de esos dos títulos exquisitamente anticipatorios. Como se sabe
–y si no se sabe, lo recuerdo–, la joven Secretaria General de la Unión
Internacional de Juventudes Socialistas aprovechó muy bien los quince minutos
de gloria a los que, Warhol dixit,
todo ser humano tiene derecho en un foro celebrado en Cascais (Portugal),
cónclave en el que Talegón pronunció un aguerrido discurso frente a los bostezantes
seniors de la Internacional Socialista.
El vídeo de su proclama circuló vía Twitter a la velocidad de la luz y Talegón se
convirtió durante unos días en trending
topic. La joven Secretaria General trató de rentabilizar su fama efímera
peregrinando por varios programas televisivos de debate –esos espacios en los
que los invitados chillan y desvarían sobre cualquier tema imaginable–, fue
increpada en una manifestación contra los desahucios y poco más se supo de ella.
Parece que han pasado ocho años, pero esto ocurrió hace unas ocho semanas.
El affaire Talegón no tiene más importancia
que otras fatigosas expresiones de lo que cabe denominar ego-política, término con el que me permito designar la tendencia
consistente en la auto-empresarialización
estratégica del yo protestatario, operación animada por un inconfesado e
inconfesable narcisismo que hace de ese yo una mercancía-persona productora de textos y/ o discursos de consumo rápido
dirigidos normalmente a las glándulas menos reflexivas de unos receptores que
no quieren tomarse la molestia de pensar por sí mismos –receptores-corifeos
que, como escribió hace poco Thomas Frank a propósito de Occupy Wall Street recordando unas sabias palabras de Christopher Lasch, están atrapados en el
círculo vicioso de una protesta cuyo contenido se reduce a la satisfacción de
protestar–. La ego-política se
envuelve otras veces en la retórica de la horizontalidad, las jerarquías
planas, la ausencia de liderazgos, lo común, la multitud, lo nómada y todo lo
demás, es decir, en esa insoportable, opaca e inocua cháchara
partisano-emocional y tardo-operaísta que apenas encubre el desaforado
egocentrismo y la megalomanía de la mercancía-persona
protestataria y sedicentemente alternativa. Amador Fernández Savater –que
un día entrevista a Jacques Rancière de tú a tú, como Nieves Herrero, y al día
siguiente también, que otro día nos envía una postcard desde Nueva York con sus cogitaciones autocomplacientes,
que cada mañana teoriza en la inopia sobre el así llamado quince eme, ese
cadáver, y que, en fin, no tiene reparo alguno en autodenominarse “pensador” o,
peor todavía, “contrabandista del pensamiento”–, por ejemplo, es un caso
paradigmático de la modalidad “alter” de sujeto ego-político. ¿What about Talegón?
Beatriz Talegón,
una insider, llamó la atención de la masa expoliada por los
señoritos del partido gobernante porque pertenece a una formación política que,
considerando la magnitud de su militancia y de su audiencia electoral, puede
acceder al gobierno –ello a pesar de que su partido está francamente maltrecho:
acaso esto es así porque la cúpula no lee los consejos áulicos de Jordi Gracia–,
y recibió, con razón o no, muchos metros cúbicos de bilis popular justamente por
su filiación política. Lo que me interesó del caso Talegón fue que, ya en la
fase declinante de su estrellato fugaz –es decir, poco antes de darse cuenta de
que, como dijo Michi, no se puede estar todo el día dando el coñazo–, escribió
y publicó un artículo titulado “No estamos dormidos, estamos
estudiando bien por dónde empezar” (Eldiario.es, 28/02/2013). Deliciosamente ego-político, ¿verdad? El artículo es un
balbuceo más propio de una meona de quince años que de una mujer hecha y derecha
de veintinueve y no merece la pena. ¿Entonces? La joven Secretaria General deslizó
en los primeros tramos de ese texto unas frases que dispararon inmediatamente
todas las alarmas en mi mente siempre suspicaz. Leámoslas:
“Estos días se celebra en Viena el
Quinto Foro Global de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas. Dentro
de este encuentro se ha reservado un espacio para el Evento Mundial de la
Juventud. Su secretario general, Ban Ki-Moon, nos pidió ayuda a los allí
presentes para mostrar el camino a seguir.
Jóvenes procedentes de todo el
mundo, que no sobrepasamos la treintena, nos encontramos en un foro
multicultural y tratando de aportar nuestro punto de vista (…). Un foro interesante aunque a veces estéril
en resultados, donde el currículo
exigido así como la disponibilidad
para acudir a esta cita limitan mucho que el canal de comunicación sea
verdaderamente eficaz” (las negritas
son mías).
Dejemos la
conmovedora introducción y vayamos directamente a la cuarta frase. “¡¿Cómo?!
¿He leído bien? ¿Currículo exigido? ¿Disponibilidad para
acudir?”, dije sumido en la perplejidad cuando leí el artículo. “¡Esto me
recuerda a mis especulaciones sobre la nueva economía de los intercambios
participativos!”, dije. Pero hablaba solo, hablaba completamente solo porque Ana
estaba viendo una película y no se le puede hablar cuando ve películas; entra
en trance y no oye ni escucha. “Currículo exigido, ¡¡qué fuerte!!”, dije dos
veces, insistiendo: de nuevo, ni puto caso. En fin, aunque Ana siguió absorta
en la película, aquel día dije que me interesa mucho que Ban Ki-Moon pida ayuda
a los jóvenes que acrediten un curriculum comme
il faut y tengan “disponibilidad” para acudir a esa cosa etérea llamada
Foro de Alianza de las Civilizaciones, y no digamos ya eso de que reclame a los
jóvenes que le muestren “el camino a seguir”… Pura economía de los intercambios
participativos. Ahí va mi divagación:
“(…) Al caracterizar como
“estratégicas” las interacciones comunicativas que orientan la formación del
discurso político pretendo únicamente
llamar la atención sobre la necesidad de tomar en serio algunos condicionantes
de los intercambios lingüísticos en el espacio público. Concretamente, las
asimetrías, los desbalances de poder y la relaciones de fuerza que determinan
qué ideas cognitivas y normativas tienen mayores posibilidades de prosperar,
cuáles son los actores o las instancias que influyen en la construcción de las
políticas o en los debates sobre la pertinencia de las reformas, de qué modo
pueden ejercer esa influencia y, por último, qué dirección adoptan las
interacciones en los dos tipos de intercambios lingüísticos distinguidos
arriba. A diferencia de lo que ocurre en los debates académicos, la
deliberación que precede a la adopción de decisiones políticas está acotada por
límites temporales: el tempo de la
política es el corto plazo. La apertura de la interacción discursiva –si la
hay– sobre el diseño o la reforma de
una política social sectorial no es nunca confiada a los actores de la sociedad
civil ni a los sujetos o las categorías de sujetos directamente afectados por la
política en cuestión. Ello no significa que estos colectivos no puedan influir
en la deliberación o en la construcción del programa político. Sin embargo, es
necesario tener presente que el discurso público –y el acceso preferencial al
discurso– está a priori controlado por lo que se ha denominado las “élites
simbólicas”[1]. La
intervención de los actores de la sociedad civil y de los colectivos
directamente afectados se produce, por ello, ex post, es decir, una vez han sido definidos el diseño o la
reforma de la política social en cuestión. El modo en que es delimitado a
priori el campo de la interacción discursiva –pero también su desarrollo y
clausura– depende, por otra parte, del programa de la política social que
eventualmente se someta a consideración del público y de la magnitud de la
audiencia afectada por la reforma[2].
La amplitud de los colectivos concernidos por el programa sometido a discusión
y, especialmente, la fuerza de las coaliciones de la sociedad civil que les
brindan soporte no son, en cualquier caso, los únicos factores relevantes para
contrastar la influencia de la sociedad civil en la modulación del discurso. Es
preciso considerar también la ritualización de las interacciones discursivas
afianzada a lo largo de la edad de plata de modo paralelo a la difuminación de
la “negatividad” originaria de los movimientos sociales y a la normalización de
la “proactividad” colaboradora de la sociedad civil.
Tanto en el caso de los programas
sectoriales de la política social como en el de las políticas transversales
–por ejemplo, las políticas vinculadas a la llamada perspectiva de género y a
la denominada sociedad del conocimiento o las políticas medioambientales–, a lo
largo de las últimas décadas se ha fraguado lo que, parafraseando a Bourdieu, cabría
denominar una nueva “economía de los intercambios participativos”. Con esta
expresión designo los procesos de atribución de competencias y autorizaciones
que determinan el acceso legítimo de ciertos actores de la sociedad civil a la
esfera de las interacciones en las que se gesta el discurso que puede realmente condicionar las
decisiones sobre el perfil adoptado por la reforma. Usando las palabras de
Bourdieu en un sentido algo distinto al del autor, sostengo que tal acceso
depende en gran medida de que el lenguaje de esos agentes concentre el capital
simbólico reclamado no por el colectivo social que eventualmente les otorga el
mandato informal de representación, sino por la instancia que “concede” la
autorización para intervenir en aquellos intercambios lingüísticos. En otros
términos, la legitimidad del acceso a la interacción y la capacidad para
influir en el discurso de las élites simbólicas están “subordinada[s] a la
reunión de un conjunto sistemático de las condiciones interdependientes que componen
los rituales sociales”[3].
Según Bourdieu, el “rito de institución” consiste en “instituir, asignar (…) una competencia (…), significar a alguien lo que es y significarle que tiene que conducirse consecuentemente a como se le ha significado”[4]. En las interacciones discursivas, especialmente en las de tipo coordinativo, se podría hablar de ritos de atribución/ cooptación. En ellos se seleccionan los actores de la sociedad civil autorizados para intervenir en la construcción de lo que Vivien A. Schmidt ha denominado el “discurso master”[5] sobre las políticas sociales, es decir, aquellos grupos y agentes cuyo lenguaje ha atesorado –en competencia posicional con otros actores de la misma esfera– el capital simbólico exigido por las instancias que conceden la autorización. No obstante, a diferencia de lo que podría sugerir la aproximación de Bourdieu a la temática del poder simbólico y los ritos de institución, los ritos de atribución/ cooptación no pueden ser caracterizados sólo como actos unilaterales y unidireccionales destinados a consagrar un estado de cosas –en el supuesto que consideramos, una ideología de la intervención social– a través de la incorporación meramente funcional de los interlocutores de la sociedad civil que han “ganado” la autorización para participar en el diálogo público. La nueva economía de los intercambios participativos se caracteriza también por el hecho de que las élites simbólicas dramatizan la cesión de –de hecho, ceden– parcelas del discurso a los actores de la sociedad civil, de modo que el acervo léxico y terminológico que conforma el “discurso master” puede ser presentado como el resultado de un proceso dialógico en el que las instancias que autorizan incorporan, al menos en parte, la terminología y las propuestas de los actores autorizados. Piénsese, por ejemplo, en términos, conceptos y sintagmas como “sostenibilidad”, “partenariado”, “lucha contra la exclusión”, “flexiseguridad”, “economía social”, “empleabilidad”, “habilidades y competencias”, “contractualización”, “ciudadanía cívica”, “empoderamiento”, “sinergias”, “emprendimiento” (y “emprendedores”), “perspectiva de género”, “proactividad”, “activación”, “gobernanza”, “responsabilidad social corporativa” y otros. Estas expresiones no pueden en puridad identificarse con el campo discursivo de la élite ni con el de las distintas organizaciones de la sociedad civil; se ubican más bien en un territorio instersticial que acoge el repertorio resultante de un juego asimétrico de intercambios y préstamos recíprocos.
Según Bourdieu, el “rito de institución” consiste en “instituir, asignar (…) una competencia (…), significar a alguien lo que es y significarle que tiene que conducirse consecuentemente a como se le ha significado”[4]. En las interacciones discursivas, especialmente en las de tipo coordinativo, se podría hablar de ritos de atribución/ cooptación. En ellos se seleccionan los actores de la sociedad civil autorizados para intervenir en la construcción de lo que Vivien A. Schmidt ha denominado el “discurso master”[5] sobre las políticas sociales, es decir, aquellos grupos y agentes cuyo lenguaje ha atesorado –en competencia posicional con otros actores de la misma esfera– el capital simbólico exigido por las instancias que conceden la autorización. No obstante, a diferencia de lo que podría sugerir la aproximación de Bourdieu a la temática del poder simbólico y los ritos de institución, los ritos de atribución/ cooptación no pueden ser caracterizados sólo como actos unilaterales y unidireccionales destinados a consagrar un estado de cosas –en el supuesto que consideramos, una ideología de la intervención social– a través de la incorporación meramente funcional de los interlocutores de la sociedad civil que han “ganado” la autorización para participar en el diálogo público. La nueva economía de los intercambios participativos se caracteriza también por el hecho de que las élites simbólicas dramatizan la cesión de –de hecho, ceden– parcelas del discurso a los actores de la sociedad civil, de modo que el acervo léxico y terminológico que conforma el “discurso master” puede ser presentado como el resultado de un proceso dialógico en el que las instancias que autorizan incorporan, al menos en parte, la terminología y las propuestas de los actores autorizados. Piénsese, por ejemplo, en términos, conceptos y sintagmas como “sostenibilidad”, “partenariado”, “lucha contra la exclusión”, “flexiseguridad”, “economía social”, “empleabilidad”, “habilidades y competencias”, “contractualización”, “ciudadanía cívica”, “empoderamiento”, “sinergias”, “emprendimiento” (y “emprendedores”), “perspectiva de género”, “proactividad”, “activación”, “gobernanza”, “responsabilidad social corporativa” y otros. Estas expresiones no pueden en puridad identificarse con el campo discursivo de la élite ni con el de las distintas organizaciones de la sociedad civil; se ubican más bien en un territorio instersticial que acoge el repertorio resultante de un juego asimétrico de intercambios y préstamos recíprocos.
Un ejemplo de las interacciones entre
las instancias que autorizan y las instancias autorizadas lo constituye el
modelo de participación de la sociedad civil en la delimitación de las
políticas comunes difundido retóricamente por las instituciones de la UE
–particularmente, la Comisión Europea y el Comité Económico y Social–. Esta
concepción –basada, como ha señalado Laura Cram, en la “invención” de una
“ficción de pueblo europeo”[6]–
ha estado desde su lanzamiento orientada a dar sentido a los conceptos de
ciudadanía y sociedad civil europeas, pero también a compensar el déficit de
legitimidad democrática de la UE. Se ha apuntado con razón que ambas
instituciones asumieron “de arriba abajo” la discutible premisa de que que la
participación de las organizaciones de la sociedad civil garantizaría que las
cuestiones europeas serían debatidas en el nivel de la base, obviando por
completo los requisitos para que ello fuera posible[7].
La formación de una “comunidad epistémica reflexiva” y el fomento de la
“deliberación multi-nivel” pretendería integrar propuestas de diversos actores
–entre ellos, las organizaciones de la sociedad civil y los actores del ámbito
científico– y podría, en principio, facilitar la evaluación ciudadana y el
control político de la “europeización cognitiva” de la política social. Como
observa Serrano Pascual, dada la necesidad de legitimación política de la UE,
las instituciones europeas han apelado a la participación de una gama compleja
de actores para llevar a cabo esta evaluación; sin embargo, debido a las
asimetrías de poder y al rol desempeñado por influyentes lobbies, este proceso
se ha visto dificultado, si no bloqueado: en última instancia, la europeización
de la política social se se ha resuelto en el fomento de una concepción despolitizada y
expertocrática de la cuestión social. La “comunidad deiberativa” europea no se
ha traducido en una reapropiación democrática, y aquellas asimetrías han
determinado que el lenguaje que sustenta la europeización cognitiva no refleje
un diálogo, sino que reproduzca monológicamente un discurso hegemónico. No
obstante, la autora señala que el modelo europeo de sociedad civil puede
promover oportunidades estratégicas y recursos políticos a algunas
organizaciones y movimientos sociales para que determinadas propuestas formen
parte de la agenda[8].
La idea reasuntiva que puede
extraerse de lo dicho hasta aquí es que, tanto en el marco de la UE como en los
ámbitos estatal e infraestatal, los actores que tienen posibilidad de influir en el discurso “master” o de introducir ideas en la agenda son justamente los que han sido autorizados en los ritos de atribución/
cooptación. En este sentido, a la hora de plantear quién ha construido el discurso neo-empleocentrista y cómo ha sido
construido, y de identificar la dirección de las interacciones lingüísticas en
las esferas pública y política –especialmente, las interacciones de tipo
cooordinativo–, es necesario considerar el impacto que la lógica instituida a
lo largo de la edad de plata por la nueva economía de los intercambios
participativos ha tenido en la definición de las “élites simbólicas” y en los sentidos en los que el discurso
fluye e influye. Por una parte, la elaboración y la imposición de arriba abajo
(top down) de la narrativa hegemónica
por parte de la élite ha sido un proceso modulado por la apertura al
vocabulario y las representaciones promovidas por los actores autorizados: al
ser autorizados, estos actores han ingresado en el área de influencia de las
élites simbólicas, adquiriendo el estatus de “mediadores” o “emprendedores”
discursivos –usando, de nuevo, la terminología de Schmidt– integrados en las
“comunidades discursivas”. Por otra parte, la capacidad de los actores de la
sociedad civil situados fuera del área de influencia de las élites simbólicas
para que su discurso influya de abajo arriba (bottom up) depende cada vez más de su éxito en los rituales de
cooptación –o, dicho de otro modo, de su disposición a acomodar
estratégicamente su lenguaje al de las élites simbólicas y, por tanto, a
moderar su repertorio programático–. Esta última circunstancia ha sido
sistemáticamente desatendida por ciertas visiones romantizantes del papel
potencial de los actores alternativos, antisistémicos o contrahegemónicos en la
formación del discurso político, actores que apenas han tenido un papel
marginal –si alguno– en la concepción de los modelos de intervención
concretados en el diseño de las nuevas políticas de protección social y del
mercado de trabajo de las últimas décadas (…)”.
[p. m. b.]
[1]
El concepto de “elites simbólicas” se toma de T. A. van Dijk, “Introducción:
discurso y dominación”, en T. A van Dijk, Discurso
y poder, trad. A. Bixio, Barcelona, Gedisa, 2009, p. 36. La expresión se utiliza en un sentido distinto al que le da el autor, demasiado apegado a la rígida dicotomía dominadores/ dominados.
[2]
La apertura, el desarrollo y el cierre de la interacción discursiva no es igual
en el caso de la reforma o el rediseño de un sistema público de pensiones
–programa que absorbe un volumen de gasto social mayor que cualquier otro, lo
que en principio otorga a sus beneficiarios cierta capacidad de influencia– que
en los casos de reforma de las prestaciones por desempleo y de los programas de
rentas asistenciales, o en la puesta en marcha de
medidas activadoras en nombre de la inclusión laboral –unas políticas en las
que la capacidad de los destinatarios para intervenir en la interacción es más
reducida–.
[3]
P. Bourdieu, ¿Qué significa hablar?
Economía de los intercambios lingüísticos, trad. E. Martínez, Madrid, Akal,
1985, p. 70.
[4]
Ibíd., p. 81.
[5]
Cfr. V. A. Schmidt, “Discursive institutionalism: the explanatory power of ideas and discourse”, Annual Review of Political Science, 11, 2008, pp. 309-311.
[6]
L. Cram, “Inventing the people”, en S. Smismans (ed.), Civil society and legitimate European governance, Cheltenham,
Edward Elgar, 2006, pp. 241 ss.
[7] S. Smismans,
“European civil society: shaped by discourses and institutional interests”, European Law Journal, 9 (4), 2003, p.
492.
[8]
A. Serrano Pascual, “Del desempleo como riesgo al desempleo como trampa: ¿Qué
distribución de las responsabilidades plantea el paradigma de la activación
propuesto por las instituciones europeas?”, Cuadernos
de Relaciones Laborales, 23 (2), 2005, p. 226-228.
***
No hay más cera que la que arde. Ni la ingenuidad ego-política de una Talegón, ni las iluminaciones ego-políticas de esos sujetos que, en lugar de los Walter Benjamin que creen ser, parecen más bien Topo Gigios encantados de haberse conocido, ni las bufonadas que organizan alrededor del congreso de los diputados unos grupos que no se sabe de dónde salen –y que, con una flagrante falta de respeto hacia nuestros vecinos portugueses, se han apropiado de una fecha, el veinticinco de abril, que representa, todavía hoy, una lección histórica para nosotros– van a mejorar las cosas. No hay más cera que la que arde: sólo la gente que no chilla, la que no da codazos, la que no trafica con sus miserias, la que no se ve, la que no sale o sale por azar en la foto, la de siempre, la que no ha cambiado, la que permanece, sólo esa gente puede practicar lo que alguna vez se llamó la decencia cotidiana y hacer que el mundo sea un poco menos abominable. Me voy a la ducha.
Portugal, 25 de abril de 1974 (vídeo de Daniel M. V.)
