sábado, 24 de julio de 2010

Coherencia, normas, narratividad, mundos posibles

[M. Ruiz Sanz,  La construcción coherente del Derecho, Madrid, Dykinson, 2009]

La monografía objeto de este comentario es un estudio sistemático sobre el papel de la coherencia en el derecho. Se trata, para precisar un poco más, de una indagación muy meditada en torno a las potencialidades y los límites de la coherencia en la justificación externa de las premisas normativa y fáctica del razonamiento judicial. Tomando como hilo conductor la distinción de MacCormick entre coherencia normativa y coherencia narrativa, Ruiz Sanz construye, o tal vez mejor propone, un modelo moderado o una “mejor teoría” coherencialista encuadrada en las llamadas teorías débiles, entendiendo por tales aquéllas que atribuyen a la coherencia un valor auxiliar y complementario en la argumentación judicial. El estudio se nutre además de consideraciones sobre los fundamentos epistemológicos subyacentes al estatuto asignado a la coherencia en las teorías de la argumentación jurídica y de interesantes apuntes sobre teoría narrativa que brindan soporte a las tesis defendidas en el texto.
Ruiz Sanz plantea una aproximación conceptual equidistante, por un lado, de la reducción de la coherencia a la consistencia (o coherencia lógica), y, por otro, de la indistinción entre la coherencia y la difusa noción de integridad. En el primer capítulo reconstruye la génesis de la exigencia de coherencia lógica del sistema jurídico, exigencia deudora del iusracionalismo y erigida por el positivismo formalista del diecinueve en dogma, virtud asociada a la ficción del legislador racional y postulado metodológico de la ciencia jurídica. Las inercias del formalismo habrían tendido a reducir la coherencia a la propiedad de la consistencia (la ausencia de antinomias o contradicciones), un atributo cuya satisfacción es dable exigir idealmente a cualquier ordenamiento desde el punto de vista de su sistematicidad formal que, para el autor, necesita sin embargo ser complementado por una noción de coherencia atenta a la sistematicidad material o sustancial expresada en los principios y valores receptados en la cúspide de los ordenamientos contemporáneos. En el llamado Estado constitucional la coherencia adquiere, según el autor, un contorno semántico más amplio que el de la consistencia, un significado que, “aunque no pueda definirse con precisión” (p. 29), reenvía a la exigencia de una suerte de cohesión o armonía teleológica y axiológica capaz de manejar en el plano de la interpretación la relación inevitablemente conflictiva de aquellos principios y valores. Ruiz Sanz apela a “cierta coherencia valorativa”, si bien no incurre en la tentación sacralizadora de concebir a los actuales ordenamientos constitucionales como un todo coherente y unitario. Tratando de marcar distancias respecto a esta tentación  –y el que sería su corolario, a saber, la sustitución de la ficción teórica e ideológica del legislador racional por la del intérprete omnisciente de “la moral” sin complementos de especificación al parecer ya cristalizada, como es frecuente leer hoy, en el texto constitucional–, el autor dedica enteramente el tercer capítulo de su libro a analizar críticamente la teoría interpretativa de Dworkin, definida con razón como una teoría fuerte y local. En particular, centra su atención en las convergencias y divergencias entre el concepto de coherencia que él postula y las diversas versiones de la noción globalizante del “Derecho como integridad” que ha propuesto el autor estadounidense.
Repasa allí las aporías de la concepción dworkiniana de la integridad en el ámbito de la adjudicación y las críticas vertidas por autores como Raz, Levenbook (críticas que el propio Ruiz Sanz matiza) o Waldron, subrayando que el declarado cognoscitivismo ético y los presupuestos fuertemente ontológicos y holistas de la teoría del derecho como interpretación acaban absorbiendo la coherencia en la integridad. Noción que, junto a la tan sugerente como lábil idea de la novela en cadena, ha servido a Dworkin para justificar su atendible filosofía política igualitaria, pero también, o especialmente, “su tesis central sobre la posibilidad de que existan únicas respuestas correctas para resolver los casos controvertidos en el marco del razonamiento judicial” (p. 129). Una tesis que se compadece mal con la bien real existencia de concepciones rivales de la justicia –que son, también, concepciones rivales sobre el modo de resolver las relaciones de principios en conflicto– y que, al decir de Ruiz Sanz, parece desembocar en una “fórmula apriorística en torno a la dimensión axiológica de aplicación a las proposiciones normativas” (p. 141).
El grueso de La construcción coherente del Derecho está dedicado, como se ha dicho, al análisis de la coherencia normativa y narrativa en la argumentación de las decisiones judiciales. El autor ha emplazado, no obstante, entre los dos capítulos comentados un segundo capítulo en el que propone un concepto de verdad que explica su ya apuntada posición equidistante y que resulta, a la vez, útil para comprender su coherencialismo abierto, flexible y moderado. Ruiz Sanz declara preliminarmente que “(…) en última instancia, la concepción que se sustente sobre el papel que juega la coherencia en el Derecho será deudora de la comprensión más o menos próxima a lo que se conoce como coherencialismo en el ámbito de la epistemología, que a su vez dependerá del concepto de “verdad” que se sostenga” (p. 52). El análisis de las relaciones entre coherencia y verdad es vehiculado a través de una demorada exposición de las concepciones (o teorías) de la verdad de filiación semántica (la teoría de la verdad como correspondencia en sus dos versiones: el realismo ingenuo de base ontológico-metafísica y el formato gnoseológico-semántico tarskiano), sintáctica (la concepción de la verdad como coherencia en sus declinaciones fuerte o radical y débil o moderada) y pragmatista (la concepción consensual de la verdad como aceptabilidad racional justificada, glosada en el texto mediante un análisis del neotrascendentalismo lingüístico-discursivo de Habermas y Apel).
Acogiendo la distinción entre significado de la verdad (es decir, las condiciones de uso del término “verdadero”) y criterio (de decisión) de la verdad (es decir, las condiciones de aceptación de la verdad de una proposición), el autor sostiene que la coherencia es un instrumento operativo como criterio de verdad (p. 88) o “un criterio epistémico de identificación de proposiciones verdaderas”, que considera “compatible con el correspondencionalismo [semántico] y conectado a la aceptabilidad racional” (p. 89). En relación con la cuestión de la compatibilidad entre correspondencia, coherencia y aceptabilidad en el ámbito del razonamiento judicial, creo que Ruiz Sanz asume, desde una posición próxima al realismo interno, la asimetría de la noción (semántica) correspondencionalista con respecto a las concepciones convencionalistas del conocimiento, asimetría fundada justamente en la distinción entre significado y criterio de verdad. Así, escribe que el correspondencionalismo –es decir, la teoría semántica de la verdad de Tarski, o la versión de Davidson que prefiere– “da la respuesta más convincente a la pregunta sobre qué puede entenderse por verdadero”, y que los criterios de coherencia y aceptabilidad racional responden mejor “a la exigencia de cómo y de qué forma puede considerarse la afirmación de que un enunciado es verdadero” (p. 89), de modo que aboga, con algunos matices, por un pensamiento articulado que asigna a la verdad el significado de la correspondencia e introduce como criterios epistemológicos auxiliares la coherencia y la aceptabilidad justificada. Este planteamiento queda explicitado del siguiente modo en el capítulo final, dedicado a la proyección de la coherencia narrativa en la elaboración de la premisa menor: “se puede afirmar que la idea de verdad aplicable a la declaración de los hechos es en principio la de su correspondencia  con la realidad y que los criterios de coherencia narrativa o de consenso racional y de aceptabilidad justificada sirven de técnica complementaria como criterios sujetivos subsidiarios, respectivamente, que bien pueden ayudar a construir la premisa fáctica, también de la normativa” ( p. 239).
Antes, el capítulo cuarto del libro ofrece en su parte central una exposición de lo que cabe reclamar al (o esperar del) requisito/ condición de coherencia (según la terminología de MacCormick) cuando en casos controvertidos el intérprete tropieza con problemas de relevancia normativa y se ve enfrentado a la necesidad de argumentar si la elección/ construcción del significado de la norma aplicada es concordante con el resto de normas del sistema, o si puede subsumirse en principios generales o valores que “desde la consideración de factores extrasistemáticos, pero explicables a través de los componentes del sistema: reglas, principios y valores” (p. 161) resulten aceptables en el sentido de que configuren una forma de vida satisfactoria.  
A partir de la distinción entre el principio/ criterio de coherencia[1] y el argumento de coherencia y de la relación de género a especie existente entre el primero y el segundo (cfr., pp. 165 y 181), Ruiz Sanz reconstruye cuidadosamente la estructura del argumento de coherencia, un argumento “plurifuncional” de “carácter formal, sistemático y auxiliar de otros tipos de argumentación” (p. 177). Al margen de sus usos puramente retóricos u ornamentales, el argumento de coherencia tiene, como se explica y ejemplifica con referencias de la jurisprudencia constitucional española, una vis proyectual negativa (desacreditar y eliminar las atribuciones de significado generadoras de incompatibilidad entre normas), pero también positiva (atribuir el significado “más conforme con la Constitución” y suplir lagunas a la búsqueda de la “armonía axiológica” del ordenamiento). Una dimensión positiva que, consciente de los límites del argumento de coherencia y del necesario concurso de técnicas argumentativas complementarias, Ruiz Sanz acepta a condición de que la coherencia no termine convirtiéndose en el criterio último de justificación. La reflexión sobre la proyección práctica de la coherencia normativa se sitúa en la órbita de las teorías de la argumentación jurídica de corte procedimental y el constructivismo ético. No es posible pormenorizar aquí los muy puntualizados análisis meta-meta discursivos que el autor introduce en este capítulo sobre las relaciones entre derecho y moral y la unidad del razonamiento práctico. Ruiz Sanz considera, finalmente, que el coherencialismo integrado de Hage –críticamente comparado en el texto con la postura de Dworkin– constituye, aun con algunas cautelas y matices, la aproximación más fértil y más próxima al papel auxiliar y a la modesta, pero no menor, función práctica que él atribuye a la coherencia en su dimensión normativa (Cfr. pp. 198-206). 
El capítulo final (“Los hechos y la coherencia narrativa”), el más amplio y enjundioso, contiene una interesante introducción sobre la utilidad de la técnica narrativa, la creación literaria y la investigación histórica en la argumentación jurídica y sobre la aplicación a las ciencias sociales de la noción teórica de los “mundos posibles”. Esta introducción sirve al autor para hacer del concepto de verosimilitud/ veracidad el eje de su reflexión sin renunciar a plantear el problema de la verdad de los hechos en términos de la teoría de la correspondencia, despojada, eso sí, de toda inocencia epistemológica. En lo esencial, se analiza allí la conveniencia y la deseabilidad de que el intérprete haga uso de la técnica y la metodología narrativista en el relato de hechos probados cuando, como es frecuente en el proceso penal, sólo resulta posible acudir a indicios que dan lugar a pruebas indirectas y no concluyentes para afirmar la verdad procesal en relación con la primera inferencia, inductiva y teórica, de que consta el razonamiento judicial, la también llamada premisa menor o quaestio facti. Inferencia cuyas premisas son el conjunto de las pruebas recogidas y cuya conclusión es una proposición del tipo “x ha cometido el hecho y”, es decir, un enunciado dotado de valor veritativo aunque, justamente porque referido a hechos mudos, pretéritos, directamente inaccesibles y no reproducibles sino de forma mediata en el proceso, sólo en términos de mayor o menor probabilidad.  
Como señala el autor, “el problema se encuentra en determinar hasta qué punto un relato coherente plasmado en los hechos probados de una sentencia ha de tomarse como verdadero o lo que es lo mismo, resulta aceptable” (p. 256). A fin de dilucidar el rol del criterio de coherencia  en el paso cualitativo de hechos naturales a hechos institucionales –o cuando, como se dice gráficamente en el texto, el juez ha de “transformar la verosimilitud en verdad” (p. 249)–, Ruiz Sanz retoma la justificación de su postura epistemológica compatibilista y armonizadora en los términos arriba apuntados, adoptando no obstante como referencia el modelo-límite garantista propuesto por Ferrajoli, un modelo para el que motivar el enjuiciamiento en materia de hechos es justificar una inducción. En coherencia, valga la palabra, con esta elección, el extenso y, de nuevo, constantemente puntualizado análisis que realiza Ruiz Sanz de la gnoseología inductiva en la fase investigadora y la formulación de la hipótesis acusatoria –ilustrada con ejemplos literarios del uso del método abductivo o razonamiento hacia atrás– y en la elaboración de la premisa menor en el proceso penal –proceso en el que, como bien se señala, probabilidad implica un grado mayor o menor de arbitrariedad del operador, y, por lo tanto, una forma de poder que, de acuerdo con el modelo-límite, sólo las garantías procesales y epistemológicas pueden limitar y controlar a fin de asegurar un conocimiento de la verdad dotado del mayor grado de probabilidad– desemboca en la defensa de una versión muy prudente de la aplicación al proceso de la narrative coherence que se hace cargo de los problemas que lleva aparejada la reducción de la veracidad de los hechos a la coherencia contextual de la (o de una) narración. “A pesar de los inconvenientes advertidos, escribe Ruiz Sanz, la coherencia (…) puede funcionar como un instrumento metodológico en la premisa menor del razonamiento judicial, esto es, para facilitar la determinación de los hechos probados en la quaestio facti. Por este motivo y aunque tenga un carácter subsidiario, auxiliar y reducido, puede jugar un papel importante en la construcción del relato de los hechos que serán subsumidos por el juez tras su calificación jurídica en la premisa mayor, pero parece que  su función no va más allá” (p. 275). Uno diría que la reflexión que cierra el capítulo sobre los límites cognoscitivos, técnico-jurídicos y políticos a los que se enfrenta la coherencia narrativa (Cfr. pp. 277-286) constituye una advertencia de sus riesgos antes que una justificación de sus virtualidades como instrumento puesto al servicio de la motivación de los hechos en la sentencia. Pero esta es una conclusión seguramente apresurada, que el lector atento deberá reconsiderar cuando recorra la clarificadora nota final que Ruiz Sanz escribe con saludables dosis de modestia y autoironía. Y es que el tono conjetural y la acaso deliberada inconclusividad que el autor imprime al texto en algunos de sus tramos –dicho esto, naturalmente, a favor de esta actitud intelectual– convierten a La construcción coherente del Derecho, un libro interesante, muy pensado, original y erudito, en una permanente invitación al debate. 


[1] Principio o criterio que el autor, retomando la tormentosa cuestión de los contornos conceptuales de la coherencia, diferencia de la unidad del sistema jurídico en contraste crítico con las posiciones teóricas y los autores (vgr. Kelsen) que, a su juicio, han identificado/ confundido ambas propiedades (Cfr., pp. 166 ss).

[p. m. b.,  Anuario de Filosofía del Derecho, T. XXVI]


***


Armonía + Anomia: Fiona Apple: 


2 comentarios:

  1. Bueno... un remake de the beatles.. La simplicidad es un valor en decadencia, no es limitación de detalles o falta de sutileza doctrinal, pero así como se califica la proliferación de normas como decadencia de sistema también el exceso de análisis puede ser un movimiento de endogamia/endogemia intelectual que nos separa del objetivo de la norma:regular relaciones...
    Simplifiquemos: espacios libres, blancos, despejados y simplicidad de líneas... Zen del pensar ?... Quizá.
    Magnifico artículo.
    Un abrazo.

    ResponderEliminar
  2. Ey, File, qué tal. La versión de Across de Universe es casi mejor que la original (ya sé que es una blasfemia decir esto).
    Sí, está claro que la inflación legislativa es una de las principales cuestiones de fondo, de ahí la pujanza actual de las distintas vertientes de la teoría de la legislación (técnica legislativa, metódica de la legislación, etc.). Gracias por tu observación.
    Oye, me tienes que explicar cómo un consultor cuántico que cabalga a lomos de un vago liberalismo meritocrático (ay, el nuevo management post-sesentaiochista) adhiere al zen del pensar y la revolución de los claveles (estuvo bien que te acordaras de Grandola Vila Morena, a veces escucho a Amàlia Rodrigues cantándola y...)
    bienvenido,
    abrazo.

    ResponderEliminar